S.O.S: Administraciones en problemas

Estas últimas semanas hemos visto como varias administraciones publicas ponían en evidencia sus problemas de financiación: un ayuntamiento y un consorcio que se veían obligados a presentar EROs; un municipio al cual la compañía eléctrica cortaba el suministro por impago (dejando sin servicio escuelas, instalaciones deportivas, etc); necesidad de aprobar planes de saneamiento aquí y allí; autonomías y Estado anunciando déficits y niveles de endeudamiento récords... Sin duda que no serán las últimas noticias de este tipo que recibiremos.

El problema detrás de estos casos no es otro que el haber gastado lo que se tenía y lo que no. Es cierto que ello ha sido motivado por una encomiable voluntad de servir mejor a los ciudadanos, y que en parte tiene como causa la pésima financiación que pesa sobre las administraciones locales y autonómicas. Pero el hecho continúa siendo el mismo. A la mayoría de dirigentes públicos (tanto los políticos como los profesionales) les ha preocupado más qué/cuánto pueden hacer que no cómo hacerlo y, en todo caso, con respecto al "cómo", la economía y la eficiencia son valores que no están muy arriba en el ranking de sus preocupaciones. Así, la bonanza económica de los últimos años ha hecho que el sector público fuera aumentando de tamaño (en servicios, personal, pautas de gasto), a veces imprudentemente, y que acumulara más y más "quilos". Ahora no hay manera de mantener todo eso con los presupuestos en claro retroceso.

No es un problema nuevo, sin embargo. Cien años atrás, el Alcalde de Barcelona Rius y Taulet ya decidió sacar adelante la Exposición Universal de 1883 en base a un principio que ha hecho fortuna en el mundo público: "Hágase lo que se deba, y débase lo que se haga". Es natural: aquello 'que se debe hacer' llama ruidosamente a la puerta (y más en época de crisis), a la par que la tentación de endosar la factura a los que vengan después y a las futuras generaciones es muy grande. En este sentido, las actuales reglas de juego del sistema político-institucional no proporcionan ningún incentivo para hacer una gestión presupuestariamente sostenible. Al contrario.

Pero también hay un tema cultural colectivo. Los ciudadanos no son todavía muy exigentes con sus gobernantes en relación a cómo gastan; los votantes, cuando no votan a piñón fijo en clave ideológica, sólo consideran si se han hecho 'muchas cosas' o no. Por su lado, los medios de comunicación no dedican tampoco mucha atención a los aspectos de la gestión pública: el día a día les interesa poco, excepto los escándalos puntuales -y siempre que convenga a la propia agenda e intereses-. Finalmente, no disponemos como sociedad de centros de estudios ni think tanks independientes que velen por estas cuestiones, e instituciones como las sindicaturas de cuentas todavía se limitan fundamentalmente a verificar la legalidad de las actuaciones de gasto publicas, sin entrar en el análisis de la calidad de la gestión.

Muy diferente es la situación en otros países donde existe una cultura del gobierno alternativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde todo el mundo tiene claro que no se puede gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa. En consecuencia, de vez en cuando encontramos (lo estamos viendo también estos días) que un ayuntamiento norteamericano cierra la biblioteca y deja de recoger las basuras unos días para ahorrar, o que un Estado de la Unión envía a casa una semana a su personal -sin cobrar- porque no le llega el presupuesto. ¿Peor el remedio que la enfermedad? A veces sí.

En fin, ante este panorama, la actual crisis puede convertirse en una oportunidad. Oportunidad de -haciendo de la necesidad, virtud- priorizar, repensar el funcionamiento de las administraciones publicas y las modalidades de gestión, y comprometerse verdaderamente con los valores de la economía, el ahorro y la eficiencia. La buena noticia es que los márgenes de mejora son tan grandes, que no tiene que ser difícil conseguir resultados importantes en poco tiempo y con un esfuerzo razonable. Pero de poco servirá todo ello si, cuando recuperemos la normalidad económica, vuelven el relajamiento y las visiones a corto plazo.

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD

Durante los últimos 30 años, las Administraciones Públicas españolas han hecho un gran esfuerzo para, a pesar de la limitación de recursos que han padecido, proporcionar a los ciudadanos un nivel adecuado de servicios públicos. El desarrollo del Estado del Bienestar que se ha derivado de ello a la vista está.

Más recientemente, el énfasis se ha puesto en la calidad y la accesibilidad de dichos servicios: se trataba de satisfacer las expectativas de la gente, cada día más exigente y con más demandas. Y en eso estamos todavía. Tal vez lejos del servicio a medida e impecable que caracteriza otras -¡no muchas!- Administraciones de países desarrollados, pero sin duda más lejos aun de la prepotencia, el “chapuzismo” y el favoritismo de antaño.

En cambio, la eficiencia no ha sido -en general- un motivo de preocupación prioritaria para los decisores y gestores públicos. Hasta hoy. Actualmente, la crisis económica y su impacto sobre las finanzas públicas obligan a hacer un esfuerzo notable y apresurado de optimización y ahorro. Hay mucho campo por correr: no es infrecuente encontrarse con instituciones públicas con niveles de ineficiencia del 10% al 30%. No faltarán, pues, las oportunidades de racionalización. Lo cual no significa que las decisiones a tomar no sean complejas y, a menudo, impopulares.

De hecho, las herramientas y palancas con que pueden contar los gestores públicos son numerosas: desde la contabilidad analítica hasta la centralización de compras; desde los círculos de eficiencia y los programas de sugerencias de ahorro hasta los cuadros de mando; desde la eficaz gestión de los concursos y las concesiones públicas hasta la optimización de los recursos humanos... pasando por la externalización de servicios, la subasta electrónica, la priorización estratégica, etc. Así las cosas, quien no se pone manos a la obra, es porque no quiere.

Con todo, sería una lástima que todos estos ejercicios de autochequeo y contricción solamente consistieran en recortar gastos y reducir el despilfarro, o se limitaran al periodo de recesión. Los proyectos de mejora de la gestión -también de la gestión económica- deberían tener un lugar permanente en las agendas públicas. Deberíamos comprometernos solemnemente a dar continuidad en el futuro a los buenos hábitos que hoy -a la fuerza- vamos adoptando. De esta forma, tal vez las cuitas y dificultades actuales habrán valido la pena. En este sentido, decididamente, la presente crisis es una gran oportunidad.

Antoni Biarnés

Director del Instituto Agora