La gran oportunidad de la coproducción de servicios públicos

En momentos difíciles como los actuales, la administración pública pone cada vez más expectativas en los beneficios que puede brindar la coproducción de servicios por parte de sus usuarios. Pero lo cierto es que, poco o mucho, de ' coproducciones' (es decir, de contribuciones de los ciudadanos a los servicios públicos, sea en el momento de su prestación o en el de su diseño, y con independencia de la naturaleza de la aportación del privado -tiempo, esfuerzo, conocimiento, productos, recursos económicos ... -) ha habido siempre. Se coproduce cuando el vecino separa la basura en casa o tira un papel en la papelera de la calle, cuando una AMPA organiza una actividad extraescolar, o cuando un padre inscribe a su hijo en unas colonias a través de Internet. Aun así, esta manera de hacer todavía es más la excepción que la regla.

Las ventajas de la coproducción de servicios pueden ser muchas y relevantes. En primer lugar, está la posibilidad de reducir costes, en la medida en que el destinatario de la actuación pública ya aporta recursos o nos permite ahorrar (un ahorro, sin embargo, que tendría que servir para extender o completar el servicio más allá de lo que de lo contrario sería posible, o para reducir los impuestos que se aplican al servicio).

En segundo lugar, la coproducción puede conducir a un mayor nivel de satisfacción del usuario, si permite ajustar el servicio a cada ciudadano (por ejemplo, dejándolo escoger cuándo, dónde y cómo interactúa con la administración, o permitiéndole escoger el protagonismo que quiere tener en el servicio -por ex. ser él quien cuide de un familiar dependiente-). En cambio, la coproducción puede suponer una carga extra para el particular si es fruto de la ineficacia o dejadez pública: sería el caso de las situaciones en que se hace hacer de 'mensajero' al ciudadano para llevar de una administración a otra un papel -por ex. un certificado- que el sector público ya tiene y que tendría que compartir entre sus integrantes. Todavía más: la coproducción sería del todo inadmisible cuando fuera obligada a causa de la dejación de responsabilidades de los gobernantes (como cuando el aumento de la inseguridad ciudadana lleva a la ciudadanía a autoorganizarse y constituir patrullas de vigilancia).

Finalmente, la coproducción llega a ser a veces requisito de eficacia del servicio público: pensemos en un paciente que no se toma (o no lo hace bien) la medicina que el médico le prescribe; no podrá en absoluto curarse.

Es evidente, sin embargo, que, al lado de los beneficios, la coproducción también comporta riesgos y potenciales inconvenientes. Así, alguien dirá: si el ciudadano ya ha pagado sus impuestos, la Administración tiene que prestarle el servicio ella misma (olvidando que los ciudadanos pueden ser los primeros interesados en tener un papel activo, y que los impuestos se pueden rebajar). Otros objetarán: los servicios los tienen que prestar los profesionales (pero el caso es que a veces los particulares son más expertos y más comprometidos que los propios profesionales). Todavía habrá quien advierta: los ciudadanos no quieren tener que hacérselo ellos mismos (una generalización injusta, porque hay todo tipo de ciudadanos, y porque de hecho todo el mundo ya está acostumbrado al autoservicio cuando acuden a un supermercado o a una gasolinera).

En todo caso, nosotros creemos que las ventajas son muy superiores a los inconvenientes, y sugeriríamos en consecuencia que se apostara decididamente por la coproducción, tanto sobre bases voluntarias (entonces con el uso de incentivos que la promuevan y compensen) como sobre bases de obligatoriedad. Eso sí, habría que actuar selectivamente (escogiendo los servicios más apropiados a este efecto), capacitar a los ciudadanos para desarrollar el papel que se espera de ellos, y formar a los funcionarios públicos para el cambio de rol que experimentan en situaciones de coproducción.