Gobernar ya no puede ser gastar y regular

Durante mucho tiempo, gobernar parecía que consistía esencialmente en gastar y regular. Hoy, sin embargo, cuando las finanzas públicas están seriamente tocadas y al mismo tiempo la sociedad se siente constreñida por un conjunto normativo demasiado pesado, gobernar no puede seguir siendo lo mismo. En otras palabras: ni es viable ni es conveniente que se continúe gestionando las instituciones públicas de la misma manera que se ha hecho durante las últimas décadas.

Pero vayamos por partes. La tentación de regularlo todo y hasta el detalle es siempre grande para el titular del poder: el gobernante exhibe así su imperium y tiene ocasión de satisfacer a su clientela. A menudo eso se hace desde la ilusión de que, una vez las soluciones aparecen escritas en un texto legal y son aprobadas, el problema que se pretende abordar ya queda resuelto, ignorando el hecho de que nada garantiza que las normas se apliquen y todavía menos que acaben funcionando. Por eso tantas veces las regulaciones se convierten en papel mojado o verdaderos obstáculos al progreso, especialmente cuando se abusa de ellas.

En el contexto actual, corremos el riesgo añadido de que, a falta de presupuesto para hacer cosas, nuestros gobernantes quieran suplir esta carencia dedicándose a regular más todavía, especialmente mediante regulaciones dirigidas a la sociedad civil. Para evitar este peligro, convendría hacer una vigilancia estrecha de la actividad legislativa y reglamentaria de Parlamentos y Ejecutivos, y establecer que tanto las leyes como los reglamentos administrativos cuantifiquen el coste de las obligaciones que imponen, vengan precedidas por estudios de viabilidad y de oportunidad, y se evalúe su efectividad posterior. Al mismo tiempo, los reguladores podrían focalizar sus esfuerzos en revisar y podar las normas existentes, eliminando las que se hayan convertido en obsoletas, inútiles o disfuncionales. Y es que las normas son como la sal: en las dosis justas resultan imprescindibles, pero en exceso hacen daño.

Con respecto al gasto público, ha llegado el momento de que las instituciones publicas consigan ser maestras en el arte de hacer ahorrando, de hacer sin gastar y, sobretodo, de hacer a través de terceros, sin tener que actuar directamente, sino promoviendo, concertando, ayudando... la acción del sector privado -lucrativo y no lucrativo-. No se trata sólamente de convertir la necesidad en virtud, sino de avanzar en la línea del modelo de gobierno relacional que reconoce la centralidad de los individuos, familias, asociaciones y empresas, y la conveniencia de darles juego, un juego que la sociedad civil por otra parte cada vez reclamará con más insistencia, porque se siente capaz y legitimada para asumir un mayor protagonismo. En definitiva, se trata de aplicar el principio de subsidiaridad y apostar por los partenariados público-privados.

Visto desde esta perspectiva, la actual crisis nos ofrece una magnífica oportunidad para cambiar el modelo de governanza que ha estado vigente los últimos treinta años, haciéndolo evolucionar hacia un nuevo paradigma más de acuerdo con el nuevo entorno socio-econòmico y con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de hoy. Y la buena noticia es que, de esta forma, también seremos capaces de lidiar en mejores condiciones las consecuencias de la crisis y de dejarla atrás antes.