Nuevos significados para la participación en tiempos de crisis y de cambio

Hasta el presente, en el ámbito público demasiado a menudo participación se ha confundido –interesadamente, a veces- con información. O, en el mejor del casos, se ha creído que apostar por la participación quería decir dejar la opción a qué el ciudadano opinara (aunque después ésto importara bien poco). No es extraño, pues, que la gente se muestre indiferente cuando se le promete nuevas oportunidades participativas.

Pero al margen de lo que haya dado de si en el pasado, participación puede ser hoy sinónimo de acción colaborativa, y esto puede interesar tanto al ciudadano como a la administración. Veamos por qué. Si los recursos públicos son escasos, una manera de multiplicar su efectividad es dejando que la gente ayude a las administraciones. El interés de los entes públicos en esta evolución es evidente: podrán hacer más. Pero ¿qué van a ganar con ello, los ciudadanos? –preguntarán los escépticos- ¿Es que no pagan ya suficientes impuestos como para tener que añadir todavía nuevas contribuciones, aunque sea en especies? ¿Que no es responsabilidad de la administración, hacerse cargo de estos menesteres?

Primero: De entrada, notese que, teniendo en cuenta que este tipo de contribución ‘altruista’ sería voluntaria, sólo tendría lugar cuando se aplicara a algo que para el ciudadano tuviera sentido y valiera la pena. De no ser así, se quedaría a casa.

Segundo punto: Fácilmente puede pasar que la elección sea entre tener ese algo si hay aportación ciudadana, o no tenerlo si no la hay, porque los impuestos no dan para todo (aunque es cierto que, mejor gestionados, rendirían mucho más) y porque la atención política es un bien escaso (incluso habiendo recursos, el tiempo y el interés de los responsables públicos es limitado, y muchas buenas causas no reciben la atención que merecerían). Pongo un ejemplo de cómo podría funcionar la transacción. Las farolas de mi calle están en un estado lamentable. No sólo son obsoletas desde el punto de vista de la sostenibilidad; además, la pintura cae a trozos y presentan desperfectos. No es probable que el gobierno municipal se ocupe de ellas hasta que caigan al suelo. Pues bien, yo estoy dispuesto a poner mi grano de arena para mejorarlas: me ofrezco a pintarlas. Seguro que otros vecinos también estarían dispuestos a echar una mano, si como resultado la calle acabara teniendo más buen aspecto. Ya entendemos que no se nos permita ponernos manos a la obra por nuestra cuenta y sin previo permiso (como cuando en otoño barremos la acera de delante de nuestra casa, o como cuando después de una nevada limpiamos nuestra parte de vía pública), porque debe hacerse bien y siguiendo unos criterios (que encajen además en las políticas locales). Pero la solución es fácil: que desde el Ayuntamiento nos definan el color de pintura a utilizar, que nos la proporcionen incluso -si hace falta-, y que si quieren nos asignen un supervisor municipal que dé instrucciones, nos forme y se asegure de que el trabajo se hace correctamente. De esta forma, todos contentos.

Tercer punto: Un beneficio adicional para el ciudadano altruista vendría por el lado de la satisfacción de sentirse útil y de haber contribuido a mejorar su comunidad, más allá del provecho particular que hubiera obtenido de ello (en el ejemplo anterior, tener su calle más bonita). Y, por el camino, también podrían llegar a desarrollarse lazos más profundos entre vecinos, se entendería mejor la complejidad de la gobernación de la cosa común, surgirían nuevas ocasiones para compartir la toma de decisiones (alrededor de lo que debe hacerse y como debe hacerse), etc. En definitiva, estamos hablando de voluntariado cívico, sí, pero no necesariamente del voluntariado convencional (el valor del cual nunca se reconocerá lo suficiente), sino de unas contribuciones que pueden ser puntuales, ‘interesadas’, heterogéneas y a menudo nacidas desde abajo (de las inquietudes de la gente), pero no por esto menos efectivas. Es más, probablemente más de uno de estos voluntarios pragmáticos encontraría gusto en la experiencia y acabaría engrosando las filas de entidades de voluntariado convencionales.

Que las instituciones públicas no teman, pues, hacer apelación a la corresponsabilización, y que los ciudadanos no dejen de ofrecerse y de exigir que su ofrecimiento sea atendido.

Acabemos destacando que la aportación ciudadana no tendría por qué hacerse necesariamente en forma de esfuerzo físico, sino que podría canalizarse en forma de conocimiento, o de recursos materiales, o incluso de dinero suplementario… Y más allá del voluntariado pragmático de qué hablábamos, la ayuda del ciudadano seguro que también acabará llegando -llega ya- a través de su papel en la coproducción ya no tan voluntaria de servicios públicos (que puede ir desde realizar tareas administrativas –rellenar una instancia cuando se realiza un trámite electrónico- hasta asumir partes del proceso del servicio -como cuando se obliga a la gente a volver del Hospital a su domicilio por sus medios-). En conclusión, el futuro del ámbito público sin duda será de mayor protagonismo de los ciudadanos en la acción pública, y esto, afortunadamente, no será 'gratis’, sino que deberá compensarse con mayores posibilidades para la gente de incidir en las decisiones públicas.

Algunos han llamado a este escenario la etapa del Gobierno 2.0, y lo han asociado a la revolución económica que vivimos (Wikinomics), la revolución tecnológica en marcha (web 2.0), la revolución social que llega de la mano del networking social, y la revolución demográfica que representa la nueva generación de los nativos digitales. Puede ser, pero seguro que el fenómeno no se limitará a las nuevas generaciones ni a las cosas que pasan en la Red. Ni siquiera será una tendencia exclusiva del mundo público: en el ámbito privado, a menudo encontraremos igualmente una transformación del consumidor en co-productor (o en ‘prosumidor’ -suma de productor y de consumidor-).

Las lecciones de la consulta de la Diagonal de Barcelona

La consulta recientemente promovida por el Ayuntamiento de Barcelona en relación a una posible remodelación de la Diagonal de la ciudad ha sido un caso de evidente interés supralocal, por las enseñanzas que se pueden derivar de él para otras ciudades y comunidades que se plantean emfatizar la participación ciudadana en el gobierno del municipio. Cuatro, son, al menos, las conclusiones que podríamos extraer de la experiencia:

1. Es relevante que la ciudadanía pueda opinar sobre la marcha y transformación de la ciudad. Tan relevante que puede llegar a aparcar un proyecto ambicioso como el de la Diagonal, considerado central por los promotores de la consulta. Desde el punto de vista de regeneración e impulso democrático, pues, los referendums y las consultas son una herramienta muy positiva. Y desde la perspectiva de cualquier gobierno, a pesar de la posibilidad de tener que rectificar políticas, se tendrían que ver también como un instrumento conveniente, porque ¿qué puede ser peor que llevar adelante proyectos que la gente no avala? (bueno,sí que hay una cosa peor: llevarlos adelante sin ser conscientes de esta oposición. Y los referendums nos liberan de caer en esta trampa).

2. Cuando se convoca el pueblo a decidir, se tiene que hacer bien, sin trampas, si se quiere que el resultado se perciba como legítimo. Eso implicaba, en el caso de la Diagonal, incluir entre las opciones entre las cuales escoger la de rechazar el proyecto de transformación de la avenida -requisito que en Barcelona se cumplió, aunque eso no se contempló hasta el último momento, y aun con eufemismos probablemente contraproducentes para el propio gobierno municipal. Otra cosa fue la campaña institucional, desproporcionada y claramente sesgada a favor de las opciones de remodelación de la Diagonal -algo que tampoco debió favorecer las opciones de los impulsores de la consulta.

3. Si se es realista, no se puede esperar que la política -en minúscula, la partidista- quede al margen de este tipo de procesos. No fue así ni para el Alcalde Hereu -que planteaba el tema de la Diagonal como una operación de imagen y la consulta como un plebiscito que tenía que reforzarlo- ni para la oposición -que aprovechó la ocasión para desgastar al equipo de gobierno-. ¿Pueden minimizarse esta clase de efectos colaterals? Sí, si se hacen las cosas de otra forma: por ejemplo, con consenso político sobre el enfoque del tema desde el primer momento, y con un planteamiento abierto (las tomas de posición institucionales no son imprescindibles) hasta el final. Y con respecto al fondo del asunto refrendado en esta ocasión, claro está que si la clase gobernante hubiera aplicado más el sentido común, se habría ahorrado unos cuantos disgustos.

4. Por último, en el asunto de la Diagonal ha quedado también en evidencia que, antes de pasar a hacer un uso pleno y cotidiano de la democracia electrónica, todavía queda mucho camino por andar y se tienen que pulir muchas cosas. No obstante, los beneficios esperables bien valen el esfuerzo, y por tanto las autoridades tienen que estar dispuestas a cometer algunos errores durante el camino de aprendizaje, mientras que los ciudadanos tenemos que saber disculpar esos malfuncionamientos.

En definitiva, la consulta de la Diagonal ha cobijado luces y sombras, pero habrá sido un paso en la buena dirección. Quedémonos con la idea de que un referéndum o una consulta no es ningún juego, cuesta dinero y puede llegar a causar un efecto cansancio (caso de Suiza), por lo cual no es aplicable a todos los temas, sino que se tiene que reservar para las grandes cuestiones. Pero sin duda que los pros de las consultas son más que los contras, de manera que hacemos votos para que el ejemplo barcelonés se extienda. La lástima es que, habiéndole salido al Alcalde Heredero el tiro por la culata, es probable que las pasiones refrendistas municipales -en Barcelona y en todas partes- se enfríen. Sería una pena.