¿Importa la calidad de los Liderazgos Públicos? Dos ejemplos clarificadores

¿Hasta qué punto las personas "hacen la diferencia"? Teniendo en cuenta que las organizaciones son, en primera y última instancia, personas, parece claro que la calidad de los individuos que las forman acaba siendo determinante, especialmente con respecto a sus dirigentes. Eso no quita importancia al resto de elementos que configuran las instituciones, pero sí que nos recuerda que, en lugar de rendirnos a "las circunstancias", las comunidades haríamos mejor considerándolas simplemente un punto de partida hacia nuestros objetivos y poniéndonos a perseguirlos con eficacia.

En todo caso, el rápido y exitoso proceso de desarrollo de la China es un buen ejemplo de cómo la calidad de los liderazgos cuenta. La evolución que ha seguido el gigante asiático no se explica si no se tiene presente el papel jugado por la clase política china, repleta de ingenieros en su cúpula. Eugenio Bregolat, en su libro "La segunda revolución china", sostiene que una de las razones decisivas que explican que el resultado de las reformas promovidas haya estado diametralmente opuesto en la China y en Rusia es la calidad de los liderazgos respectivos. Argumenta Bregolat que un líder tiene que tener una comprensión correcta de la realidad que quiere transformar, una visión clara de aquello que quiere conseguir, y acierto en las estrategias y tácticas que conducen del punto de partida en el de llegada. Pues bien, en todas estas dimensiones, los nuevos mandarines chinos de los últimos 30 años (Deng Xiaping,Jiang Zemin, Zhu Rongji ...) contrastan positivamente con los jerarcas que intentaron reflotar primero la URSS y después Rusia (Gorbochov y Ieltsin). La tarea que tanto los unos como los otros tenían entre manos era inmensa, y las dificultades a sobrepasar resultaban extraordinarias, pero los primeros se salieron con la suya, mientras que los segundos fracasaron estrepitosamente.

Deng y sus sucesores tenían claro los cambios que tenían que hacer: diseñaron un plan maestro que planteaba cuatro modernizaciones (de la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y la defensa) y la conversión de la economía planificada en una economía de mercado. Deng también supo como gestionar estos cambios, consiguiendo en cada momento los consensos necesarios a favor de las reformas en el seno de la élite comunista, haciendo las cosas en el orden adecuado (empezando por la agricultura, cosa que benefició a la mayoría de la población y proporcionó así el apoyo popular imprescindible para continuar adelante), y controlando los 'tempos' de las transformaciones con un enfoque gradualista. En cambio, los dirigentes rusos se equivocaron tanto en la estrategia como en la implementación de ésta. Los resultados están a la vista: mientras que el PIB de la China ha crecido a una velocidad increíble (cuadruplicando el PIB en 20 años) y el país ha sacado de la pobreza a centenares de millones de personas y ha emergido como nueva potencia mundial, la URSS se disolvió y Rusia se hundió económicamente (en 10 años, su PIB llegó a reducirse a un tercio de lo que había sido).

Naturalmente, los líderes chinos citados no eran infalibles y también cometieron errores, aparte de que sus éxitos no los absuelven del juicio moral que merece el carácter totalitario del régimen que han mantenido (basado en cuatro principios: vía socialista, dictadura del proletariado, liderazgo del Partido Comunista, y pensamiento de Marx-Lenin-Mao Zegond) o hechos tan lamentables como los de Tiananmen de 1989. Habrá quien conceda que sólo desde el autoritarismo es posible hacer evolucionar ordenadamente a una sociedad tan grande y compleja como la china, pero el ejemplo de la India invalida esta interpretación.

Pero volviendo al tema de este post, lo que es seguro es que, para una ciudad o país, disponer de líderes de calidad (políticos, sociales, económicos, organizativos ...) es fundamental. Por eso tenemos que reclamar y hacer posible que al frente de nuestras administraciones y gobiernos hayan los mejores.

10 Líneas de Trabajo e Ideas-Fuerza para la Nueva Administración

A la vista de los diferentes 'pecados' que hemos empezado a identificar en los gobiernos y administraciones contemporáneas, podemos preguntarnos qué tendría que caracterizar al sistema público del futuro inmediato, a fin de superar aquellas carencias y desviaciones. He aquí 10 posibles líneas de cambio y principios inspiradores:

. Vigencia de la POLÍTICA: El gobierno de un país no puede ser una simple gestoría asexuada que se limita a 'ir tirando', ni la administración pública puede erigirse en contrapoder de la dirección que marca la sociedad. Por eso, hace falta un alineamiento del gobierno y de la administración con un programa político coherente, ambicioso y reformista al servicio de un modelo de país.

. DESPUBLIFICACIÓN de la sociedad: El mundo público ha de renunciar a un intervencionismo paternalista que mata la creatividad y la vitalidad de la gente. Conviene, pues, revisar las fronteras de lo público, devolver el protagonismo a la sociedad, reconocer el derecho a escoger del ciudadano, fomentar los partenariados público-privados, proceder a una purga normativa y repensar, en definitiva, el rol de la administración.

. MERITOCRACIA: El camino productivo es la apuesta por los mejores, tanto en el seno del gobierno como de la administración, anteponiendo las capacidades y los compromisos con la misión a las fidelidades de carnet o a la simple veterania.

. Implementación de un sistema de CARRERAS profesionales para los empleados publicos (ligado a la gestión por competencias, la dirección por objetivos, la retribución variable...)

. ADELGAZAMIENTO del sector público: actuación sobre el diseño institucional para la reducción -por razones de ahorro, de simplificación y de integración- de consejerías, de direcciones generales, de cargos de confianza, de niveles de gobierno, de unidades administrativas ...

. Impulso a la EXTERNALITZACIÓN de servicios (a la vez que mejora de la gestión de aquello externalizado: hay que aprender a gestionar a través de terceros)

. Generalización de la EVALUACIÓN (de servicios, de políticas, del rendimiento...)

. Construcción del E-GOBIERNO y de una Administración Digitalizada e Inteligente

. Interiorización e Integración de las metodologías de MEJORA y cambio organizativo (calidad, sostenibilidad, participación, seguridad, nueva cultura, desburocratización ...)

. Configuración de una Administración basada en VALORES: Singularización de la nueva administración en base a un conjunto de valores fuertes y distintivos: Honestidad (más allá de la legalidad), Vocación de servicio, Transparencia, Lealtad institucional, Cooperación, Austeridad ...

Pecados del Sector Público: 6) La falta de Austeridad y de Eficiencia

Teniendo en cuenta el sacrificio que se impone a los ciudadanos y a la comunidad en su conjunto cada vez que el sector público se apropia de recursos privados (en nuestro país, un 40% del PIB, lo que determina un drenaje de riqueza que comporta un innegable coste de oportunidad y que desincentiva el esfuerzo), el buen gobierno pasa por maximizar el valor que se crea com los recursos que gestionan gobiernos y administraciones, y minimizar la parte de ellos que se consumen internamente, en el proceso. En consecuencia, la actuación pública tiene que caracterizarse por la economía de medios, el esfuerzo por la eficiencia, y una austeridad ejemplar (ya que, precisamente porque el dinero es de terceros, debe administrarse con mayor cuidado aún que el patrimonio propio).

Ésta no ha sido la pauta que en muchos países, entre los cuales el nuestro, se ha seguido los últimos años, en los que la bonanza económica aseguraba abundancia de ingresos en el sector público. Ahora, sin embargo, con la crisis y sus efectos (caída de los ingresos, descontrol del déficit, incremento del endeudamiento, aumento de las necesidades...) se generalizan los recortes presupuestarios y se multiplican los esfuerzos por ahorrar y priorizar. Si estos intentos de lucir una mejor figura tienen continuidad, bienvenida habrá sido la crisis, pero si todo ello es sólo como la fugaz penitencia autoimpuesta con la que pretendemos purgar los excesos de Navidad -de la que nos olvidamos al cabo de cuatro días-, habremos dejado escapar una buena oportunidad de crear buenos hábitos.

Pecados capitales del sector público: 5) La Fragmentación

En el ámbito público, obtener resultados a menudo sólo es posible si hay un esfuerzo conjunto y coordinado de diferentes unidades, administraciones y/o actores de dentro y de fuera del planeta público. Trabajar en equipo y en red (a nivel intraorganizativo, interorganizativo e intercomunitario) tiene que ser parte del ADN de la nueva administración y del nuevo gobierno, algo que obliga a los agentes públicos a comportarse más humildemente y a practicar liderazgos -cuándo sea el caso- basados en las aportaciones antes que en las imposiciones.

Pero el problema previo es el de la cohesión y coordinación dentro del propio sector público. Frecuentemente, las unidades administrativas están repletas de grupúsculos enfrentados entre sí. A menudo, Ayuntamientos vecinos se niegan a compartir servicios o proyectos porque "cada uno tiene que tenerlo todo" y, si eso no es posible, "entonces que se ponga/se haga en mi municipio". Al mismo tiempo, los entes locales acaban contrapuestos a los autonómicos, y éstos en los estatales, y éstos a los europeos -cada uno pretendiendo hacer prevalecer su agenda y necesidades al resto-. Y las antipatías personales y los intereses políticos o gremiales acaban de complicarlo todo.

Así no se puede funcionar. Sin una simplificación administrativa que reduzca el número de actores, y sin lógicas y valores de cooperación que primen sobre las disputas de campanario y las filias y fobias interpersonales, no lo conseguiremos. Ante los enormes retos y problemas que afrontamos, es hora de sumar esfuerzos y de ir todos a una.

Pecados capitales del sector público: 4) El Paternalismo Intervencionista

Gobiernos y administraciones públicas comparten una indisimulada vocación de modelar la vida de las personas a las cuales tienen que servir. El sector público se siente responsable de los ciudadanos que tiene asignados, y a menudo lleva este sentimiento de 'deber hacia' hasta el extremo de tutelar y ordenar la vida de la gente (con o sin el consentimiento de ésta). Por su bien, claro está. De esta forma, los gobiernos -de todos los niveles territoriales- nos señalan a qué velocidad debemos conducir (y nos la restringen), dónde podemos fumar, qué es bueno que comamos y qué no, a qué escuela tenemos que llevar a nuestros hijos, qué tienen que aprender éstos, a qué edad dejamos de trabajar, cómo no se pueden llamar las asociaciones, cuánto y en concepto de qué tenemos que pagar, de qué color debe ser la fachada de casa, etc, etc.

Éste proceder tiene una versión educada (el despotismo ilustrado) y otra de autoritaria, pero en ambos casos se parte de un mismo espíritu paternalista que ya no es de recibo. La administración puede informar, facilitar, impulsar, ofrecer ... (sin olvidar que este tipo de medidas no dejan de comportar un coste de oportunidad), pero tendría que ir con mucho cuidado a la hora de prohibir y obligar. Porque ¿quién mejor que cada uno para decidir qué nos conviene y qué no? Tratar a las personas como menores de edad o prejuzgar desde el poder un insuficiente grado de madurez en ellas es muy peligroso: suele ser la coartada que se utiliza para legitimar el intrusismo público.

Es evidente que la sociedad necesita normas y reglas de juego, y que éstas se tienen que hacer cumplir; de lo contrario tendríamos la anarquía e imperaría la ley de la selva. ¿Pero dónde ponemos el límite a la tentación administrativa de meter la nariz o de decidir por nosotros? ¿Cómo distinguir lo que es necesario, lo que es razonable, lo que es discutible, y lo que resulta inadmisible? La Política tendría que dar respuestas a estos interrogantes, pero debería hacerlo con el concurso de los ciudadanos. En todo caso, el límite sería más fácil de situar si se erradicara el instinto público paternalista (una cuestión de cambio cultural), y si se aplicara el principio de que, en caso de duda, la administración tendría que abstenerse de actuar. Y es que necesitamos encontrar el punto óptimo -no necesariamente en el medio- entre un sector público reducido a una simple gestoría y otro convertido en un Gran Hermano. Ninguna de las dos alternativas nos convienen.

Pecados capitales del sector público: 3) La falta de Transparencia

Antes del retorno a la democracia, el mundo público no estaba acostumbrado a pasar cuentas. No hacía falta: la acción gubernamental no podía discutirse, y por lo tanto tampoco era necesario explicarla -más allá de la propaganda-. Actualmente, sin embargo, la transparencia es obligada. Primero, porque el ciudadano tiene derecho a conocer y debatir qué hace el ejecutivo (y el legislativo, y el judicial) con los recursos financieros y de poder que se han puesto a su disposición para servir al interés colectivo. ¿Qué objetivos se están persiguiendo? ¿Hasta qué punto se están alcanzando? ¿Con qué coste y repercursiones? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Quién es responsable de tal materia? ... Éstas y mil otras preguntas deben tener respuestas claras y al alcance.

En segundo lugar, la transparencia es imprescindible porque actúa como motor de progreso, en tanto que lleva a la autoexigencia. La opacidad sólo interesa a los incompetentes y a los aprovechados -que no resistirían el escrutinio público-. Por otra parte, la información es la materia prima básica de la Sociedad del Conocimiento, de manera que no tiene sentido -tampoco económico- esconderla. Al revés: debería de existir la posibilidad, por parte de cualquiera, de acceder a todos aquellos datos e informaciones de que dispone la administración que pueden ser de utilidad a alguien (siempre y cuando no planteen problemas de privacidad o de seguridad).

En conclusión, necesitamos luz y taquígrafos, y por este motivo hay que exigir que, más temprano que tarde, se apruebe una ley de acceso a la información que garantice el "derecho a saber" de la sociedad. Pero sin necesidad de esperar a nuevas normativas, ya desde ahora los gobiernos no tienen excusa para no cumplir con la legislación vigente (por ejemplo, con respecto al acceso de los grupos de oposición a las informaciones que precisan para desarrollar su tarea), y nada les impide tampoco tomar iniciativas propias que los hagan más transparentes. En paralelo, desde la sociedad civil conviene que se preste atención y se siga este tema. Loable, por ejemplo, es el esfuerzo que está haciendo en este sentido la organización Transparency International (http://www.transparencia.org.es) publicando cada año un Índice de Transparencia de los Ayuntamientos españoles. Por cierto que, el año 2009, al frente del ranking se situó el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Pecados capitales del sector público: 2) La Lentitud

Si algo caracteriza al mundo actual es, junto al cambio profundo y constante que se produce, la velocidad a la que todo tiene lugar -las cosas que se transforman y las que permanecen-. No seguir el ritmo de los tiempos es, pues, una condena segura a quedar atrás. Y el caso es que la Administración tiene una merecida fama de lenta.

En parte esto tiene que ver con el garantismo que se supone que impregna los procedimientos públicos -un peaje que se debe pagar-. Pero la razón principal de la lentitud administrativa no es en absoluto ésta. Si "las cosas de palacio van despacio", es sobre todo porque la idiosincrasia de muchas organizaciones públicas se define por un 'tempo' relajado.

No se le escapa a nadie que la lentitud pública tiene un coste social enorme. En algunos casos, el retraso 'hace la diferencia' (como cuando la Justicia llegada fuera de tiempo se convierte en injusta). En otros, la lentitud supone molestias más o menos graves, o pérdida de valor. En todo caso, siempre representa un sobrecoste, porque tardar más en hacer aquello que se puede hacer en menos implica un despilfarro.

La lentitud, sin embargo, es una enfermedad que tiene solución: se arregla con mejor organización, con estructuras más planas, con suficiencia y adecuación de recursos, con la digitalización y automatización de procesos... Aun así, lo más importante es el necesario cambio cultural. Y ya se sabe que los cambios culturales precisan de liderazgos decididos, paciencia, incentivos y palancas. En este sentido, que las normas estipulen plazos máximos puede ayudar, siempre que sean límites razonables y su incumplimiento genere consecuencias. Así, por ejemplo, los cuatro días que el Gobierno quiere dar a la Audiencia Nacional para decidir si el bloqueo de una web propuesto por el Ministerio de Cultura viola derechos fundamentales son preferibles a la laxitud total e impune del Tribunal Constitucional a la hora de resolver determinados recursos.

Los políticos se lamentan, con razón, del ritmo administrativo, pero tampoco están libres de toda culpa. A menudo son ellos quienes hacen de tapón o quienes, en pro del consensualismo -otro peaje a pagar- bloquean o retrasan las decisiones. Pero de eso ya habrá ocasión de hablar en un futuro mensaje.