Recortes en Cataluña

Cinco siglos atrás, Maquiavelo ya advertía de la dificultad de hacer cambios: el florentíno constataba que aquellos que saldrán perjudicados se mobilizarán activamente contra todo aquello que pueda variar el status quo, mientras que los que hipotéticamente tienen que resultar beneficiados por el nuevo orden previsto, quedarán a la expectativa. Pues bien, no es difícil entender que realizar cambios todavía resulta mucho más complicado cuando los supuestos beneficiarios no están claros (“las futuras generaciones”, “todo el mundo indirectamente”... ),como en el caso de los ajustes del sector público que promueve el nuevo gobierno de la Generalitat de Convergència i Unió. Así las cosas, ¿como podría el presidente Mas sobrepasar los obstáculos con que se está encontrando?

En primer lugar, se trata de escoger bien el momento en que se pretende llevar a cabo los cambios... cuando puedes elegir. No ha sido este el caso de Mas: si la prudencia política aconsejaba esperar a después de las elecciones municipales de mayo, en cambio la insostenibilidad del estado de las finanzas catalanas y la obligación de presentar un Plan de Equilibrio en Madrid no permitían aplazar el tomar medidas.

Hay también la cuestión de la pedagogía. Por supuesto que se tiene que explicar cuál es la realidad que hace imperioso actuar y las consecuencias de la inacción (y esto es particularmente efectivo cuando se ilustra con algún elemento de tonos dramáticos, como sería -por ejemplo- la incapacidad de pagar nóminas a tiempo en un momento dado), pero no se puede pretender que la pedagogía haga conformistas a los que vean amenazados los servicios a que están acostumbrados o el propio puesto de trabajo. Si hay recortes, siempre resultará sencillo llenar de manifestantes la Plaza Sant Jaume.

La clave, con todo, es no limitarse a explicarse y quedar a la defensiva, porque entonces ya has perdido. Hay que pasar a la ofensiva, que en el supuesto que nos ocupa implicaría elaborar un relato declarando la guerra a los causantes del callejón sin salida actual y recordando siempre su pecado: la omisión reformista y el vaciado de las arcas de la Generalitat (gastando lo que se disponía y lo que no se tenía) por parte del anterior gobierno tripartito, en una conducta institucionalmente irresponsable y políticamente interesada, que ahora viene agravada por la tenaza que el mismo partido socialista realiza desde el gobierno central -exigiendo aun más recortes-. Una vez más, esto no serviría para evitar críticas y protestas, pero ayudaría a repartir su coste.

Al mismo tiempo, Mas tendría que crear y movilizar una verdadera coalición reformista, formada por personas y grupos conscientes de la gravedad del momento y dispuestos a apoyar los cambios. En particular, la militancia y los cuadros de CiU tendrían que ser agentes activos de esta contraofensiva, y el propio Mas haría bien en tomar más protagonismo en la empresa (en vez de quedarse a la reserva e intentar no desgastarse), sacando partido de la credibilidad de qué disfruta todavía como nuevo presidente.

En paralelo, el gobierno de CiU hubiera tenido que acotar ya de entrada los niveles de nerviosismo y alarma de la ciudadanía, aclarando hasta donde y hasta cuando se alargarían los ajustes, dando garantías de mantenimiento de los aspectos básicos del sistema de bienestar, pactando con los sectores afectados el alcance de los recortes y/o futuras oportunidades de compensaciones, mostrándose flexible en sus posiciones -algo compatible con mantenerse firme en la defensa de sus intereses: conseguir ahorros y eficiencias importantes-, etc . En parte ya se ha acabado haciendo cosas de este tipo, pero tarde y a remolque de las protestas, con lo cual se ha perdido efectividad.

Por último, Mas tiene que saber plantear y encuadrar el conflicto actual en el marco del problema de fondo que lo ocasiona: básicamente, el mal sistema de financiación catalana. Este es un debate que ni puede esperar al 2012 ni a CiU le conviene que se demore tanto. Y tal como están las cosas, si en el 2012 no se soluciona este handicap estructural, CiU tendrá que disponer de un plan B y ser valiente, si no quiere verse arrastrada por los acontecimientos.

En conclusión, la gestión del proceso de saneamiento de las finanzas públicas que el nuevo gobierno catalán ha hecho hasta el presente es claramente mejorable, por mucho que también sea cierto que estos procesos, por bien que se conduzcan, nunca son gratis. La otra cara de la moneda son los potenciales dividendos a medio plazo que se pueden derivar del esfuerzo optimizador, y la inevitabilidad de tener que actuar -para evitar males peores, al país y al propio gobierno.

Elecciones municipales en Catalunya: estado de la cuestión

Dentro de dos meses se celebrarán elecciones municipales, y esta vez no hay duda alguna sobre cuál es el tema del momento: el reto de la recuperación económica. Según los datos del último Barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el 48,2% de los catalanes creen que el principal problema del país es el paro y la precariedad laboral, mientras que el 19,7% opinan que es el funcionamiento de la economía. El tercer tema en el ranking es la insatisfacción con la política, sólo con un 6,8% ...

Así, pues, en buena lógica las campañas electorales para las próximas municipales deberían girar en torno a la economía, porque los ayuntamientos no pueden alegar que atañe a las administraciones supralocales ocuparse de ella: como decía aquel, si la crisis no es de su competencia, seguro que al menos es de su incumbencia. Además, lo cierto es que también en este terreno los Ayuntamientos pueden "hacer la diferencia": de ellos dependen actuaciones como captar empresas, desarrollar políticas activas de empleo, poner a disposición suelo industrial, crear un entorno propicio al comercio, promover la ciudad y el turismo, ayudar a los emprendedores, hacer las cosas fáciles a los agentes económicos, etc, etc.

A pesar de ello, veremos muchas ccampañas que no se centran en la economía. En algunos casos, esto será simplemente fruto de la miopía. En otros, quizá responda a una decisión consciente. De hecho, no todos los partidos aparecen ante los ciudadanos como igualmente capaces de hacer frente a la crisis: las encuestas del CEO revelan que el 27% de los catalanes opinan que quien puede dar mejor respuesta a la crisis es CiU, mientras que ninguno de los restantes partidos obtiene más de un 5% en este punto (aunque, todo hay que decirlo, hay un 35% de ciudadanos que sostienen que ninguna fuerza política está en condiciones de liderar la salida a la recesión).

En consecuencia, a CiU más que a nadie le interesa hablar este año de crisis y de soluciones económicas. Esto, junto al momento dulce que atraviesa, hace que CiU salga esta vez con ventaja, especialmente ante un PSC-PSOE y una ERC que están en plena crisis. Por su parte, ICV, PP y la CUP intentan aprovechar las debilidades de socialistas y republicanos para pescar algún voto adicional con el cual mejorar sus pobres posiciones de partida. Todo hace pensar, pues, que en Cataluña-y también en España- estas elecciones conllevarán cambios en los gobiernos locales que tendrán consecuencias políticas posteriores. En todo caso, el 22 de mayo sabremos si habrá sido así. Dicho esto, lo que ya ahora es seguro es que a los nuevos electos les esperan cuatro años duros y complicados, en que la emprenditoriedad y el liderazgo político, la buena gestión y la innovación serán esenciales.

Las lecciones -potenciales- de la crisis

HECHO 1: Según los especialistas en historia económica moderna, cada 10-15 años (en promedio) sufrimos una crisis. El modelo capitalista vigente comporta la existencia de ciclos económicos cuyo inicio y final no se pueden predecir con antelación, pero que sabemos que se irán repitiendo en el futuro, tal como ha sucedido en el pasado. Así, pues, es seguro que la presente crisis pasará, que será seguida por una etapa de crecimiento más o menos importante, y que -más tarde o más temprano- llegará otra recesión.

(Nota al margen: Debe hacerse notar que la versión imperante del capitalismo no es la única -ni la mejor- posible. Por ejemplo, los planteamientos de los economistas de la escuela austriaca -coficiente de caja del 100%, patrón oro o equivalente...- probablemente nos ahorrarían padecer el Dragon Khan sin fin de producción y consumo a que estamos acostumbrados, aunque a un precio alto: la renuncia a índices de crecimiento anual elevados. Aunque, a efectos de sostenibilidad del planeta, esto podría ser incluso beneficioso).

HECHO2: Sabemos que en épocas de crisis se disparan las necesidades sociales que deben atenderse desde los poderes públicos, y sabemos que, en coyunturas de dificultades económicas, los ingresos de las administraciones disminuyen notablemente. En otras palabras: en el momento en que el sector público necesita más dinero, su caja está más vacía que nunca.

HECHO 3: El problema anterior no tiene fácil solución. Subir los impuestos en tiempos de crisis no es una buena ídea: este tipo de medida resulta impopular políticamente y contraproducente económicamente (puesto que reduce las posibilidades de consumo de los ciudadanos –prerequisito de la estimulación de la producción- y los fondos que las empresas precisan para su funcionamiento ordinario y para invertir). Por otro lado, el endeudamiento no es una mejor alternativa: por de pronto, a menudo las instituciones publicas ya han agotado su margen de endeudamiento y, además, en tiempo de crisis esta vía de financiación es cara y de difícil acceso (los bancos cierran el grifo), a la vez que no puede olvidarse que el capital y sus intereses tendrán que devolverse el día de mañana.

PROPUESTA: Así las cosas, si no pueden subirse los impuestos ni acudir al crédito, ¿tenemos que concluir que la única solución es la optimización de la gestión -para liberar recursos- y la priorización -dejar de hacer cosas-? No necesariamente. Optimizar y priorizar son ejercicios saludables, que con crisis o sin ella tendrían que practicarse periódicamente. Pero podríamos inventar mecanismos anticíclicos que nos ayudaran a atravesar los momentos de dificultades presupuestarias. Uno de ellos sería el ahorro en tiempos de bonanza. Se trataría de ahorrar cuando la economía goza de buena salud y los ingresos públicos se incrementan. Pongamos que, en una fase de crecimiento, las administraciones públicas destinaran a un “fondo de reserva social” un 3% o un 5% de sus ingresos corrientes, cada año. Este capital y sus intereses (seria cuestión de invertirlo con prudencia para hacerlo trabajar mientras no tuviera que utilizarse) se usaría para reforzar las políticas sociales (y, si se quiere, también las de dinamización económica) cuando llegaran los años negros.

Por supuesto que debería diseñarse cuidadosamente los detalles de este mecanismo, blindándolo y haciéndolo a prueba de oportunistas. En primer lugar, debería ser obligatorio para las instituciones públicas, porque la lógica de la política es actuar a corto plazo, y las futuras crisis no forman parte de las prioridades de los electos (los cuales, al contrario, procurarán sacar el máximo provecho de los años “buenos” y gastar todo lo disponible). En segundo lugar, tendría que establecerse qué se entiende por ‘periodo de crisis’ (a tal efecto, podría servir la definición oficial de recesión: dos/tres trimestres seguidos de decrecimiento del PIB) y desde cuándo sería imperativo empezar a ahorrar (podría dejarse al margen los primeros meses de recuperación). También se tendría que delimitar claramente a qué se pueden aplicar y a qué no los recursos acumulados, no fuera el caso que sirvieran para mantener la 'grasa’ acumulada durante la fase de excesos.

En todo caso, eso ya llegaría. Hoy por hoy, lo importante es decidir si queremos sacar alguna lección de la crisis actual y de las que la han precedido, o si insistimos en tropezar una y otra vez con la misma piedra. Y esto vale también para los ciudadanos a nivel particular.

(Nota final: Un mecanismo del estilo del que proponemos ya existe en el sistema de pensiones español. Aunque, por desgracia, teniendo los problemas del sistema de pensiones un carácter estructural y una magnitud potencial enorme, no debe esperarse mucho de este ‘fondo de reserva’ de la Seguridad Social -que en el mejor de los casos permitiría capear la situación unos pocos meses-. En cambio, tratándose de crisis económicas coyunturales, el “fondo de reserva social” que sugeríamos podría resultar un activo relevante).

Lakoff y el nuevo año

George Lakoff es conocido por su teoría sobre los marcos ('frames') mentales y sus efectos en los comportamientos políticos. Según el estadounidense -que aplica a la política la metáfora de la familia-, hay dos grandes marcos dentro de los cuales se articula la mayoría de los relatos políticos: el marco del padre estricto y el marco de los padres protectores. Los conservadores aplicarían a su actitud política el marco del padre estricto, es decir, aquel según el cual el rigor, la disciplina y el castigo corrector son necesarios para ordenar la sociedad. En cambio, los progresistas aplicarían el marco de los padres -en plural: padre y madre-protectores, creyendo que para mantener el equilibrio en sociedad es preferible proteger a los débiles, cooperar, buscar consensos y convencer.

Ley y orden por un lado, protección por otro. El problema de aquellos que intentan explicar el mundo en estos términos a base de importar sin más esta teoría desde los Estados Unidos es que sólo con ley y orden o sólo con protección no puede avanzarse. Porque por supuesto que necesitamos un buen estado de derecho (y mientras la justicia no sea ágil, equitativa y eficaz, no acabaremos de tenerlo), y evidentemente que debemos ser solidarios con los que no pueden seguir (poniendo el énfasis en la recuperación social de aquellos que tienen capacidades para reinsertarse). Pero el progreso de una colectividad pasa sobre todo por el esfuerzo, la libertad y la responsabilidad. Los dos marcos de Lakoff no dejan de ser dos caras de la misma moneda paternalista: el protagonista es un tercero -el Estado-que castiga o que provee, en lugar del individuo que toma el control de su vida.

Así, pues, Lakoff se olvida del marco más importante de todos: el del hijo que se emancipa, que construye su proyecto personal y que sólo pide a los padres que le dejen vía libre. En los países inmersos en una situación de crisis, ésta es la actitud con que deberíamos encarar el nuevo año para hacer de él el inicio de la reactivación: en lugar de instalarse en la lamentación paralizante, apostar por ser proactivos y por la ambición. Ya no se trata sólo de salir de la crisis, sino sobre todo de ganar la postcrisis. En el mundo del mañana, nuestras empresas serán internacionales o no serán; erradicaremos el fracaso escolar y hablaremos bien el inglés, o bajaremos a tercera división; reinventaremos el sistema de bienestar o nos quedaremos sin él. !Próspero 2011¡

La Reputación de España en el mundo

El Reputation Institute acaba de publicar el estudio “Reputación de España en el Mundo”, basado en una investigación internacional más amplia realizada partiendo de 45.000 entrevistas online a ciudadanos de los países más desarrollados del mundo, el objetivo siendo investigar la reputación de varios países (con la consiguiente posibilidad de comparar entre ellos) preguntando a los entrevistados por sus percepciones sobre el propio país y otras naciones. El trabajo se centra en tres dimensiones de la reputación de un país (calidad de vida, economía y cultura, y gobierno eficaz) que se operativizan a través de 11 factores.

En el estudio aparecen datos y reflexiones interesantes. Por ejemplo, se documenta la crisis de autoestima que padece España: en dos años y como efecto de la crisis, la valoración que los españoles dan a su país ha descendido 14 puntos, comportando que la auto-imagen (la de los españoles sobre sí mismos) sea peor que la hetero-imagen (la que tienen en el exterior), sobre todo en los aspectos económicos e institucionales. Por otra parte, el documento describe un escenario de claro-oscuros en cuanto a la imagen internacional del Estado: por un lado, España obtiene una evaluación positiva en el exterior en base a variables como el estilo de vida, las posibilidades de ocio y entretenimiento, el entorno natural, el bienestar social del que gozan sus ciudadanos, el hecho de ser visto -el país- como un participante responsable de la comunidad internacional y la cultura. En cambio, factores como el entorno económico, la calidad de los productos y servicios españoles, y sobre todo la capacidad de innovación tecnológica y la existencia de marcas y empresas de éxito asociadas a España son percibidos críticamente.

Otros resultados significativos del estudio son que en el ranking de países en función de su reputación (resultado de las valoraciones emitidas por los encuestados en cuanto a la admiración, respeto y confianza que les merece cada país analizado), España ocupa el duodécimo puesto de un total de 40, obteniendo 67,5 puntos en una escala que va de 0 a 100. No es una mala posición, pero al mismo tiempo debemos añadir que España recoge percepciones negativas en algunos países latinoamericanos como Chile, Perú y Brasil, de forma que la reputación de España en Latinoamérica es peor que en la Unión Europea, y peor que la de la mayoría de las potencias de la Unión Europea.

Por factores, los únicos aspectos que sitúan España entre los diez primeros lugares de los respectivos rankings son los relativos a “ocio y entretenimiento” (3º), “estilo de vida” (6º) y “cultura” (7º). En cambio, España ocupa los puestos 20º en “tecnología”, 18º en “calidad de productos y servicios”, 17º en “marcas y empresas reconocidas”, y 16º en “entorno político/institucional” y en “entorno económico”.

Por cierto, en la dimensión política, en lo relativo a la calidad de las instituciones, Suiza es la nación que recibe la mejor puntuación, seguida de los países nórdicos (Suecia es segunda,y Noruega y Dinamarca 4ª y 5ª, respectivamente). En el extremo contrario, cerrando el ranking aparecen Irán (40) Colombia (39), Ucrania (38) y China (el sexto país peor valorado). Por su parte, España ocupa aquí la 16ª posición. Y a propósito: los españoles son especialmente autocríticos con el “entorno político/ institucional” del Estado, que valoran casi un 15% peor de cómo es valorado por los ciudadanos del G-8.

Todos estos datos son relevantes y deberían conducir a la acción, porque la gestión de la imagen de cualquier territorio (municipio, región, estado) es imprescindible desde el momento que tiene un impacto claro en la predisposición de la gente a visitar ese territorio (o aconsejar a otros hacerlo), invertir en él, comprar productos o servicios originarios en dicha zona, o vivir y trabajar en ella. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tal como se explica en el informe, la gestión de la reputación consiste en el manejo del balance entre realidades y percepciones: cuando la realidad es mejor que la percepción en alguna de las variables que influye en la reputación, nos encontramos ante una oportunidad de comunicación. Por el contrario, si la realidad es peor que la percepción, nos encontramos en una situación de riesgo reputacional, que puede acabar en una crisis. Por tanto, algunos factores hay que trabajarlos desde la comunicación (cuando es mejor la realidad que la percepción) y otros deben ser objeto de proyectos que cambien y mejoren la realidad.

En este contexto, y siempre según el Reputation Institute, la imagen de España está por debajo de su realidad como país (medida objetivamente), y eso significaría que las percepciones penalizan a España en los índices de competitividad internacional como el del WEF, restando en torno a un tercio de valor en la ‘bolsa’ de los valores de la marca-país. En particular, España necesitaría trabajar en la comunicación de su capacidad económica, tecnológica y empresarial, puesto que éstas son las principales debilidades percibidas en el exterior (y, según el informe, ello no hace justicia a la realidad del desarrollo económico español).

El informe completo puede obtenerse en: http://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/97/ReputacionEspanaInforme.pdf

Novedad editorial: "Gestión actual del Consultor Político"

LID Editorial acaba de publicar el libro "Gestión actual del consultor político", escrito por una decena de profesores del Master en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca, entre los cuales Antoni Biarnés (Director del Instituto Ágora), Antonio Sola, Luis Arroyo, Roberto Izurieta o Jorge Santiago Barnés. El prólogo del libro lo firma Ramón Jáuregui (ministro de Presidencia del gobierno español).

Se trata de una obra dirigida a los estudiantes y a los profesionales de la consultoría política y electoral, pero que también resulta de interés para los políticos y gobernantes en activo, que pueden descubrir en él las múltiples facetas en que este tipo de consultores pueden serles útiles, las técnicas y herramientas que utilizan, y la manera de contactarlos (la obra incluye un completo anexo con un directorio de los principales asesores y consultores políticos de España y Latinoamérica).

En el libro -de 267 páginas- se puede encontrar desde reflexiones sobre el papel de los consultores políticos, un catálogo de competencias que deberían poseer (junto con orientaciones sobre cómo desarrollarlas) y la forma de introducirse y prosperar en esta industria, hasta enseñanzas sobre los instrumentos de investigación y de comunicación que se utilizan en el sector, pasando por orientaciones de cara a conducir la "campaña permanente" desde las instituciones, la creación de la imagen política o el uso de las nuevas tecnologías en las campañas electorales.

En definitiva, el libro llena un vacío en la bibliografía disponible sobre consultoría política y electoral, y es de lectura obligada para todos aquellos que están comprometidos -sea a través del ejercicio de la política o del asesoramiento a candidatos y gobernantes- en 'hacer la diferencia'.

Elecciones catalanas 2010: las propuestas

Jueves, 12 de noviembre: debate electoral entre representantes de los partidos parlamentarios catalanes alrededor del presente y futuro del sector público. Pronto se hacen evidentes las coincidencias y las discrepancias entre las diferentes fuerzas políticas.

Los consensos
Todos los partidos abogan por la reforma del sector público, entendiendo ésta como una necesidad ineludible y urgente. Suena a música ya escuchada demasiadas veces. Si ya hace tiempo que hay coincidencia en el diagnóstico (:el funcionamiento de las administraciones es claramente mejorable, y ello afecta al bienestar y a la competitividad del país), y si la ciencia de la gestión pública aporta soluciones y herramientas suficientes, ¿cómo es que no progresamos? Y, sobre todo, la gran pregunta ante los actuales cánticos de sirena pro reforma: ¿será esta vez diferente? ¿O dentro de cuatro años repetiremos la misma función? Una hipótesis personal: esta vez va en serio ... aunque sólo sea porque la inacción sería suicida.

Más puntos de acuerdo transversal: apostar por la figura del directivo público, reivindicación de una administración pública de calidad, aceptación (con más o menos entusiasmo, según los casos) de la colaboración público-privada, petición de consenso -que hay quien quiere materializar en forma de pacto nacional- a la hora de transformar el sector público ... Bien, se agradecerían más concreciones, pero no se puede negar que en lo relativo a la afinación del discurso se ha avanzado bastante,en el curso de los últimos años.

Las divergencias
Más allá de los acuerdos, el balance de los últimos 4/7 años no es obviamente igual para aquellos que han estado en el timón del gobierno que para los que lo contemplan desde la oposición. CiU denuncia un gran incremento de personal en este periodo de tiempo (el PSC cuantifica el crecimiento en 90.000 trabajadores, y lo relaciona con la regularización de casos y con las "3 Ms" -médicos, mossos/policias y maestros-, a partes iguales). El PSC destaca las nuevas políticas de evaluación de la calidad de las normas y el decreto de régimen jurídico del personal directivo de los centros educativos. ICV confiesa que, en este momento, hay más temporalidad en la función pública que en el sector privado. ERC se lamenta del fracaso de la ley de medidas urgentes de ocupación pública.

Al mismo tiempo, la representante socialista califica de "muy bueno" al sector público, mientras que CiU lo ve grande y desestructurado y explica que no puede sostenerse sin cambios, e ICV admite que no es bastante ágil y que debe descentralizarse la toma de decisiones. El PSC advierte también que CiU quiere recortar los servicios públicos, y subraya que el modelo de administración pública de unos y otros es muy diferente.

A señalar, en todo caso, que CiU admite en tono de autocrítica que, treinta años atrás, la Generalitat se desarrolló siguiendo un modelo parecido al del Estado (vaya, que se perdió la ocasión de construir un modelo propio); y hacer notar que los representantes del tripartito de izquierdas gobernante no han dedicado mucho tiempo ni energías a presumir del trabajo realizado (con respecto a la reforma y mejora del sector público). ¿Y eso?

Las particularidades
Acabamos con algunas de las propuestas escuchadas, que no dejan indiferente:

- Según Esquerra Republicana de Catalunya, hace falta un organ de contratación único. Además, conviene dotarse de una ley de transparencia y acceso a la información pública, mejorar la selección de personal, y simplificar procesos.

- Iniciativa per Catalunya aboga por la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios, reducir la temporalidad, y reforzar plantillas. También propone una ley integral de la función pública catalana, y una ley para regular las externalitzaciones, así como hacer participar a los sindicatos en la definición del nuevo modelo de administración.

- Ciutadans propugna la supresión de los consejos comarcales y la renuncia a las veguerías, pero se le objeta que no dice nada de los ministerios que duplican funciones autonómicas en materias sobre las cuales no tienen competencias.

- El Partido Popular quiere reconvertir y cambiar la adscripción de la Oficina Antifraude de Cataluña, haciéndola depender de la Sindicatura de Cuentas. Igualmente, insta a elaborar una ley de descentralización y desconcentración de la Generalitat, propugna crear una Oficina Presupuestaria (ERC le responde que ya existe) y una nueva ley de presupuestos, y pide reducir el número de consejerías de 15 en 11.

- Por su lado, el Partido de los Socialista de Cataluña habla de "poner en valor" la función pública, de mejorar las carreras profesionales, de atraer talento, de evaluar el rendimiento ...

- Por último, Convergència i Unió resalta los conceptos de "pasar cuentas", administración profesional (no politizada), requerir la colaboración del sector privado, y plantear una reforma que abarque todas las dimensiones del sector público (desde la organización al funcionamiento, pasando por el gasto, las estructuras, etc).

Seguro que los partidos tienen muchas otras propuestas en cartera, pero éstas han sido las que ellos han querido destacar. Que cada cual juzgue en conciencia. Mis comentarios personales:
1) Hay propuestas de sentido común, pero otros son para echar a correr, si se tuviesen que aplicar;
2) Para ciertos partidos, no pasa el tiempo: no cambiarán nunca;
3) Da la sensación de que algunos olvidan que durante los 7 últimos años han estado en el gobierno;
4) Esperemos que esta vez las medidas interesantes no vuelvan a quedarse en el papel.