Gobernar ya no puede ser gastar y regular

Durante mucho tiempo, gobernar parecía que consistía esencialmente en gastar y regular. Hoy, sin embargo, cuando las finanzas públicas están seriamente tocadas y al mismo tiempo la sociedad se siente constreñida por un conjunto normativo demasiado pesado, gobernar no puede seguir siendo lo mismo. En otras palabras: ni es viable ni es conveniente que se continúe gestionando las instituciones públicas de la misma manera que se ha hecho durante las últimas décadas.

Pero vayamos por partes. La tentación de regularlo todo y hasta el detalle es siempre grande para el titular del poder: el gobernante exhibe así su imperium y tiene ocasión de satisfacer a su clientela. A menudo eso se hace desde la ilusión de que, una vez las soluciones aparecen escritas en un texto legal y son aprobadas, el problema que se pretende abordar ya queda resuelto, ignorando el hecho de que nada garantiza que las normas se apliquen y todavía menos que acaben funcionando. Por eso tantas veces las regulaciones se convierten en papel mojado o verdaderos obstáculos al progreso, especialmente cuando se abusa de ellas.

En el contexto actual, corremos el riesgo añadido de que, a falta de presupuesto para hacer cosas, nuestros gobernantes quieran suplir esta carencia dedicándose a regular más todavía, especialmente mediante regulaciones dirigidas a la sociedad civil. Para evitar este peligro, convendría hacer una vigilancia estrecha de la actividad legislativa y reglamentaria de Parlamentos y Ejecutivos, y establecer que tanto las leyes como los reglamentos administrativos cuantifiquen el coste de las obligaciones que imponen, vengan precedidas por estudios de viabilidad y de oportunidad, y se evalúe su efectividad posterior. Al mismo tiempo, los reguladores podrían focalizar sus esfuerzos en revisar y podar las normas existentes, eliminando las que se hayan convertido en obsoletas, inútiles o disfuncionales. Y es que las normas son como la sal: en las dosis justas resultan imprescindibles, pero en exceso hacen daño.

Con respecto al gasto público, ha llegado el momento de que las instituciones publicas consigan ser maestras en el arte de hacer ahorrando, de hacer sin gastar y, sobretodo, de hacer a través de terceros, sin tener que actuar directamente, sino promoviendo, concertando, ayudando... la acción del sector privado -lucrativo y no lucrativo-. No se trata sólamente de convertir la necesidad en virtud, sino de avanzar en la línea del modelo de gobierno relacional que reconoce la centralidad de los individuos, familias, asociaciones y empresas, y la conveniencia de darles juego, un juego que la sociedad civil por otra parte cada vez reclamará con más insistencia, porque se siente capaz y legitimada para asumir un mayor protagonismo. En definitiva, se trata de aplicar el principio de subsidiaridad y apostar por los partenariados público-privados.

Visto desde esta perspectiva, la actual crisis nos ofrece una magnífica oportunidad para cambiar el modelo de governanza que ha estado vigente los últimos treinta años, haciéndolo evolucionar hacia un nuevo paradigma más de acuerdo con el nuevo entorno socio-econòmico y con las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de hoy. Y la buena noticia es que, de esta forma, también seremos capaces de lidiar en mejores condiciones las consecuencias de la crisis y de dejarla atrás antes.

Perú y la dulce decadencia de Europa

No hay nada como salir unos días del país y tomar distancia para adquirir la perspectiva que a veces nos falta para juzgar nuestra realidad. Y en este sentido, un reciente viaje profesional al Perú me ha reafirmado en la convicción que Europa -y especialmente la nuestra, la del sur- está perdiendo la partida de la Historia.

Mientras en la Unión Europea estamos todavía en plena recesión y recreándonos en broncas y lamentaciones estériles, Perú está creciendo sólidamente a un ritmo del 6% anual. No es ninguna excepción: las economías de la mayoría de los países latinoamericanos y asiáticos también están haciendo un buen papel. ¿Cuál es su secreto? Simplemente, hacen los deberes. Pero la clave no está en aquello que ellos hacen (que es simplemente aplicar lo que les hemos predicado -esfuerzo, calidad, tecnología, apertura ... -), sino en lo que nosotros no hacemos.

Los europeos estamos asistiendo en directo y con plena conciencia a nuestro final como protagonistas de la historia, y lo más curioso es que hacemos nada para evitarlo. Somos un continente de mucha diagnosis y poca acción, que hablamos a todas horas de innovar y reformar pero que nunca encontramos el momento para materializar los cambios. Y si bajamos a nivel de país, a los males anteriores todavía tenemos que añadir otros locales: la erosión del valor laboriosidad, nuestro estilo de vida estado-dependiente, la deriva corporativista que lo preside todo, la pérdida del gusto por arriesgar, un pesimismo crónico...

A este paso, cuando lleguemos a mediados de siglo, no sé si buena parte de Europa será ya el parque temático y la reserva de jubilados que algunos auguran, pero seguro de que no podremos mirar más por encima del hombro ni al Perú ni a muchos otros países que hoy tratamos con condescendencia. Aprovechemos las vacaciones, pues, para darnos una vuelta por el mundo y despertar de una vez.

PD: Es cierto: los países emergentes continúan teniendo muchas carencias, sus desequilibrios internos son grandes, los caudillismos y la corrupción continúan representando un gran lastre, faltan infraestructuras ... pero en definitiva, eso no es nada que no hayamos también pasado nosotros en algún momento. Lo superarán.

Las lecciones de la consulta de la Diagonal de Barcelona

La consulta recientemente promovida por el Ayuntamiento de Barcelona en relación a una posible remodelación de la Diagonal de la ciudad ha sido un caso de evidente interés supralocal, por las enseñanzas que se pueden derivar de él para otras ciudades y comunidades que se plantean emfatizar la participación ciudadana en el gobierno del municipio. Cuatro, son, al menos, las conclusiones que podríamos extraer de la experiencia:

1. Es relevante que la ciudadanía pueda opinar sobre la marcha y transformación de la ciudad. Tan relevante que puede llegar a aparcar un proyecto ambicioso como el de la Diagonal, considerado central por los promotores de la consulta. Desde el punto de vista de regeneración e impulso democrático, pues, los referendums y las consultas son una herramienta muy positiva. Y desde la perspectiva de cualquier gobierno, a pesar de la posibilidad de tener que rectificar políticas, se tendrían que ver también como un instrumento conveniente, porque ¿qué puede ser peor que llevar adelante proyectos que la gente no avala? (bueno,sí que hay una cosa peor: llevarlos adelante sin ser conscientes de esta oposición. Y los referendums nos liberan de caer en esta trampa).

2. Cuando se convoca el pueblo a decidir, se tiene que hacer bien, sin trampas, si se quiere que el resultado se perciba como legítimo. Eso implicaba, en el caso de la Diagonal, incluir entre las opciones entre las cuales escoger la de rechazar el proyecto de transformación de la avenida -requisito que en Barcelona se cumplió, aunque eso no se contempló hasta el último momento, y aun con eufemismos probablemente contraproducentes para el propio gobierno municipal. Otra cosa fue la campaña institucional, desproporcionada y claramente sesgada a favor de las opciones de remodelación de la Diagonal -algo que tampoco debió favorecer las opciones de los impulsores de la consulta.

3. Si se es realista, no se puede esperar que la política -en minúscula, la partidista- quede al margen de este tipo de procesos. No fue así ni para el Alcalde Hereu -que planteaba el tema de la Diagonal como una operación de imagen y la consulta como un plebiscito que tenía que reforzarlo- ni para la oposición -que aprovechó la ocasión para desgastar al equipo de gobierno-. ¿Pueden minimizarse esta clase de efectos colaterals? Sí, si se hacen las cosas de otra forma: por ejemplo, con consenso político sobre el enfoque del tema desde el primer momento, y con un planteamiento abierto (las tomas de posición institucionales no son imprescindibles) hasta el final. Y con respecto al fondo del asunto refrendado en esta ocasión, claro está que si la clase gobernante hubiera aplicado más el sentido común, se habría ahorrado unos cuantos disgustos.

4. Por último, en el asunto de la Diagonal ha quedado también en evidencia que, antes de pasar a hacer un uso pleno y cotidiano de la democracia electrónica, todavía queda mucho camino por andar y se tienen que pulir muchas cosas. No obstante, los beneficios esperables bien valen el esfuerzo, y por tanto las autoridades tienen que estar dispuestas a cometer algunos errores durante el camino de aprendizaje, mientras que los ciudadanos tenemos que saber disculpar esos malfuncionamientos.

En definitiva, la consulta de la Diagonal ha cobijado luces y sombras, pero habrá sido un paso en la buena dirección. Quedémonos con la idea de que un referéndum o una consulta no es ningún juego, cuesta dinero y puede llegar a causar un efecto cansancio (caso de Suiza), por lo cual no es aplicable a todos los temas, sino que se tiene que reservar para las grandes cuestiones. Pero sin duda que los pros de las consultas son más que los contras, de manera que hacemos votos para que el ejemplo barcelonés se extienda. La lástima es que, habiéndole salido al Alcalde Heredero el tiro por la culata, es probable que las pasiones refrendistas municipales -en Barcelona y en todas partes- se enfríen. Sería una pena.

Recortes salariales y equidad

Las drásticas medidas que ha propuesto el presidente Zapatero para intentar salir de la crisis pueden ser cuestionadas desde muchos puntos de vista. Se puede discutir, por ejemplo, si son adecuadas o contraproducentes; si son suficientes o no; si llegan demasiado tarde o si, en algún caso, sería mejor esperar; etc, etc. Éste es un debate pertinente y necesario, y todo el mundo está ya opinando.

En cambio, bien pocas voces hemos escuchado refiriéndose al aspecto que trataremos en este post, en torno a una faceta de una de aquellas medidas: en concreto, la decisión de recortar los salarios de los funcionarios públicos, y de hacerlo de forma asimétrica. Sobre esta medida, además de las anteriores preguntas, uno podría plantearse de entrada si es justo y equitativo apretar las tuercas al personal de las administraciones. Ciertamente, no se puede responder esta cuestión sin tener en cuenta el régimen especial que preside la función pública. Desde el punto de vista del interés colectivo, algunos rasgos de este régimen, como el blindaje (inmortalidad) laboral, presentan al menos tantos inconvenientes como ventajas, y combinados con la dejación de funciones de los directivos y electos públicos (que casi siempre renuncian a pedir responsabilidades cuando habría que hacerlo), resultan letales -por aquello de que "si lo haces bien, no pasa nada; si lo haces mal, tampoco", un principio claramente desmotivador.

En todo caso, mientras el estatus quo sea así de favorable a buena parte del personal público (¿o es que el trabajo de por vida no es un beneficio extraordinario en el mundo del siglo XXI?), es lógico que, en nombre de la solidaridad nacional, también puedan arbitrarse peajes extraordinarios como un recorte de sueldo cuando la economía lo requiera. Otra cosa es como aplicar este recorte. Parece que Zapatero y Montilla quieren que el recorte no sea lineal, sino creciente: menor o inexistente para los niveles inferiores de la administración, y mayor para los grupos con salarios más elevados. Pues bien, eso sí que puede resultar altamente inequitativo. Es sabido que, en comparación con sus equivalentes del sector privado, las remuneraciones y contraprestaciones de los puestos de trabajo públicos son más favorables en los escalones inferiores de las administraciones, y más desfavorables en los niveles superiores. Si se'modulan' los recortes salariales de la forma que se está considerando -con el cariz pretendidamente "progresivo" que antes mencionábamos-, los funcionarios más cualificados y/o con roles de mando quedarán todavía más perjudicados. Después no nos quejemos si los mejores profesionales no tienen ningún interés en ingresar en la función pública, o si se marchan de ella. Si el servicio público acaba reclamando sacrificios heroicos, ¿quién querra enrolarse? Seguramente, sólo héroes ... y quien busque aprovecharse o no tenga mejores alternativas.

El diseño de un nuevo Gobierno

A finales de año -si no hay sorpresas- Cataluña celebrará elecccions autonómicas, que darán paso a un nuevo ejecutivo. Habrá, pues, la necesidad y la oportunidad de pensar una nueva configuración de este Gobierno, que solucione algunos de los problemas que tradicionalmente ha sufrido el ejecutivo catalán. Examinemos, pues, cuatro principios que sería bueno que presidieran la nueva etapa, y que en realidad son aplicables a cualquier otro nivel político.

En primer lugar, el futuro Gobierno de la Generalitat debería ser más pequeño. El excesivo número de consejerías es fuente de ineficiencia y de descoordinación. Idealmente, siete u ocho Departamentos tendrían que ser suficientes para atender todas las responsabilidades adquiridas, permitiendo así una sana integración funcional y orgánica.

En segundo lugar, es imprescindible un paso adelante claro en la capacidad de trabajo transversal política y operativa de la administración de la Generalitat, que siempre ha sido deficitaria en términos de cooperación interna y de enfoque interdepartamental. Para cambiar la dinámica de taifas habitual, sería oportuno que el futuro Gobierno catalán se organizara sobre la base de tres o cuatro macro-áreas políticas, con superconsejeros al frente de cada una de ellas. Ello sería especialmente aconsejable si finalmente el tamaño del Gobierno no resultara ser tan limitado como sería bueno que fuera.

Las macro-áreas en cuestión tendrían que corresponderse con las grandes finalidades que tiene que perseguir todo Gobierno: ayudar a la creación de riqueza y de empleo, desde la sostenibilidad; contibuir a la consecución de altos niveles de bienestar y de cohesión social; y fortalecer la identidad y el autogobierno. Habría todavía una cuarta área a contemplar, de carácter instrumental y horizontal: la que se ocuparía de la gestión y mejora del sector público como tal, como herramienta que produce los outcomes -bienes, servicios, regulaciones ... - que contribuyen a aquellos outcomes -impactos- buscados.

Por otra parte, dado que la realidad no conoce de fronteras sectoriales y que todo está interrelacionado, todavía sería preciso que las políticas se definieran de verdad a nivel del Gobierno en su conjunto y que se monitorizaran desde una potente Oficina del Presidente. La condición previa, claro está, es que se tome el hábito de trabajar por políticas y que éstas se expliciten, se gestionen y se evalúen. Y la condición posterior (no menos trascendente) es que las políticas establecidas se sigan y que exista un alineamiento gubernamental a su alrededor. Puestos a pedir, añadimos además la exigencia de que se trate de políticas sustantivas, y no "mínimos comunes denominadores" surgidos de juegos de equilibrios que no llevan a ninguna parte.

Finalmente, el próximo Gobierno catalán debería de ser de alto nivel y estar formado por los mejores. Las personas cuentan, y mucho; son ellas quienes 'hacen la diferencia'. El mejor diseño sirve de poco si al lado no tiene asociado un excelente cuadro de nombres.

Y bien, se evidente que al pensar un Gobierno hay muchos otros factores que pesan, tanto de tipo político como personal. Pero sería deseable que los árboles no nos hicieran perder de vista el bosque, y que los criterios de eficacia que se han enumerado no se olvidaran, tampoco.

¿Para cuándo, la evaluación de políticas públicas?

En la acción pública, la creación del máximo valor posible para los ciudadanos pasa por la persecución de las grandes "E"s (eficacia, eficiencia, economía, efectividad, equidad ...), y eso requiere trabajar en base a políticas públicas, con sus correspondientes programas y actuaciones.

Convendría, pues, que fuera imperativo para los gobiernos definir y explicitar sus políticas, así como tendría que facilitarse e incluso hacer obligatorio su posterior evaluación (preferiblemente a cargo de profesionales independientes). Con la evaluación (en sus diversas modalidades: de necesidades sociales, de diseño, de implementación, de resultados, etc), conoceríamos qué se puede esperar de un programa cuando se está concibiendo, cuál es el impacto real que está teniendo una determinada política en vigor, con qué coste, a a quién está beneficiando realmente, qué problemas de puesta en práctica surgen ... informaciones todas ellas imprescindibles para evitar que se malgaste el dinero de todos, maximizar beneficios, comparar rendimientos, aprender de la experiencia y mejorar....

Desgraciadamente, sin embargo, hay diferentes obstáculos que impiden que la evaluación de políticas y programas adquiera la importancia que debería tener. En primer lugar, constatamos que saber qué están dando de sí sus políticas no es el único interés que tienen los responsables de nuestras administraciones (a veces parece que sea más importante hacer ver que se está haciendo alguna cosa, que no que aquello que se está haciendo sirva para nada: vease, si no, el festival de medidas débiles o directamente inútiles, cuando no contraproducentes, que se están improvisando 'contra la crisis'). De todas formas, nadie debería tener ningún problema en conseguir afinar más el instrumental metodológico público y en perfeccionar sus actuaciones: al fin y al cabo, eso acabará revirtiendo en beneficio de aquéllos que son responsables de ellas.

El segundo problema es que políticos y gestores tienen a veces miedo a aparecer retratados negativamente en las evaluaciones. Ciertamente, muchas de las políticas que se están aplicando -en el bienentendido que algunas de ellas ni siquiera son dignas de este nombre, porque se limitan a ser un sumatorio aleatorio de acciones y servicios- son manifiestamente mejorables. Pero el derecho a la transparencia del ciudadano tiene que prevalecer sobre la comodidad administrativa, y una vez más la transparencia acabará siendo motor de cambio y de progreso para el mundo público.

Por último, en nuestros países la evaluación de políticas todavía carece de tradición y de suficiente reconocimiento. Afortunadamente, sin embargo, el interés por ella va creciendo, y no le faltan ni las metodologías de trabajo adecuadas ni las instituciones y los profesionales -tanto en el seno de la propia administración como en las consultorías del sector privado- capaces de impulsarla. Es cuestión de tiempo, por lo tanto, que se generalice y dé frutos, y entonces ya no habrá marcha atrás posible.

La gran oportunidad de la coproducción de servicios públicos

En momentos difíciles como los actuales, la administración pública pone cada vez más expectativas en los beneficios que puede brindar la coproducción de servicios por parte de sus usuarios. Pero lo cierto es que, poco o mucho, de ' coproducciones' (es decir, de contribuciones de los ciudadanos a los servicios públicos, sea en el momento de su prestación o en el de su diseño, y con independencia de la naturaleza de la aportación del privado -tiempo, esfuerzo, conocimiento, productos, recursos económicos ... -) ha habido siempre. Se coproduce cuando el vecino separa la basura en casa o tira un papel en la papelera de la calle, cuando una AMPA organiza una actividad extraescolar, o cuando un padre inscribe a su hijo en unas colonias a través de Internet. Aun así, esta manera de hacer todavía es más la excepción que la regla.

Las ventajas de la coproducción de servicios pueden ser muchas y relevantes. En primer lugar, está la posibilidad de reducir costes, en la medida en que el destinatario de la actuación pública ya aporta recursos o nos permite ahorrar (un ahorro, sin embargo, que tendría que servir para extender o completar el servicio más allá de lo que de lo contrario sería posible, o para reducir los impuestos que se aplican al servicio).

En segundo lugar, la coproducción puede conducir a un mayor nivel de satisfacción del usuario, si permite ajustar el servicio a cada ciudadano (por ejemplo, dejándolo escoger cuándo, dónde y cómo interactúa con la administración, o permitiéndole escoger el protagonismo que quiere tener en el servicio -por ex. ser él quien cuide de un familiar dependiente-). En cambio, la coproducción puede suponer una carga extra para el particular si es fruto de la ineficacia o dejadez pública: sería el caso de las situaciones en que se hace hacer de 'mensajero' al ciudadano para llevar de una administración a otra un papel -por ex. un certificado- que el sector público ya tiene y que tendría que compartir entre sus integrantes. Todavía más: la coproducción sería del todo inadmisible cuando fuera obligada a causa de la dejación de responsabilidades de los gobernantes (como cuando el aumento de la inseguridad ciudadana lleva a la ciudadanía a autoorganizarse y constituir patrullas de vigilancia).

Finalmente, la coproducción llega a ser a veces requisito de eficacia del servicio público: pensemos en un paciente que no se toma (o no lo hace bien) la medicina que el médico le prescribe; no podrá en absoluto curarse.

Es evidente, sin embargo, que, al lado de los beneficios, la coproducción también comporta riesgos y potenciales inconvenientes. Así, alguien dirá: si el ciudadano ya ha pagado sus impuestos, la Administración tiene que prestarle el servicio ella misma (olvidando que los ciudadanos pueden ser los primeros interesados en tener un papel activo, y que los impuestos se pueden rebajar). Otros objetarán: los servicios los tienen que prestar los profesionales (pero el caso es que a veces los particulares son más expertos y más comprometidos que los propios profesionales). Todavía habrá quien advierta: los ciudadanos no quieren tener que hacérselo ellos mismos (una generalización injusta, porque hay todo tipo de ciudadanos, y porque de hecho todo el mundo ya está acostumbrado al autoservicio cuando acuden a un supermercado o a una gasolinera).

En todo caso, nosotros creemos que las ventajas son muy superiores a los inconvenientes, y sugeriríamos en consecuencia que se apostara decididamente por la coproducción, tanto sobre bases voluntarias (entonces con el uso de incentivos que la promuevan y compensen) como sobre bases de obligatoriedad. Eso sí, habría que actuar selectivamente (escogiendo los servicios más apropiados a este efecto), capacitar a los ciudadanos para desarrollar el papel que se espera de ellos, y formar a los funcionarios públicos para el cambio de rol que experimentan en situaciones de coproducción.